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Santiago, 23 de agosto de 2016.- Una interpretación administrativa dejaba fuera de las prestaciones gratuitas de Salud a un grupo de personas beneficiadas con “Pensiones de Gracia”, sin embargo, gracias a un convenio firmado por el Fondo Nacional de Salud (FONASA) y el Ministerio del Interior, esta situación se revierte, permitiéndoles acceder a todas las prestaciones que garantiza el Sistema Público de Salud.

Se trata de aproximadamente 6.400 pensionados que perdieron la calidad de “carentes de recursos” o “indigentes”, a quienes FONASA atiende en el denominado “Grupo A”, ya que el beneficio económico –otorgado por el Ministerio del Interior a un grupo determinado de personas, entre ellos afectados por accidente, catástrofes o incapacitados por circunstancias específicas- era considerado como un ingreso económico.

En consecuencia, los pensionados por gracia –la mayoría con invalidez física o con problemas de salud- debían destinar parte de dicha pensión a las cotizaciones de Salud, a fin de poder recibir una atención médica, o peor aún, en caso que no cotizaran, debían pagar por cada atención recibida en forma particular.

Por ejemplo, con la antigua interpretación, si una persona percibía ingresos por una pensión de gracia –equivalente a 166 mil pesos-, debía destinar 11.620 pesos (7%) para mantener sus prestaciones de Salud.

En el caso de los cotizantes, al momento de otorgarles la pensión de gracia, eran traspasados desde el grupo A al tramo B de FONASA, destinado a personas con un ingreso imponible mensual menor o igual a $257.500. Misma situación la vivían aquellas personas que son carga familiar.

La Directora Nacional de FONASA, Jeanette Vega, enfatizó que “volvemos a hacer justicia con nuestros asegurados que más lo necesitan. El acceso a salud es un derecho de todos y todas quienes vivimos en Chile y como tal, no debe haber impedimento ni discriminación alguna para recibir las atenciones de salud que una persona requiere”.

Por su parte, el Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, destacó la firma del convenio y explicó que “se soluciona una situación que, a todas luces, era injusta y poco auto-explicativa. Finalmente las personas que acceden a pensiones de gracia podrán utilizar íntegramente esos recursos para sus necesidades más urgentes, y no para los derechos que el Estado debe garantizarle a las personas más vulnerables de nuestro país”.