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Valparaíso, 19 de julio de 2017.-  Con la presencia de la Ministra de Salud, Carmen Castillo; de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual; la Ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez; del Ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre y del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, la Sala del Senado concluyó la votación del proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Tras despachar las tres causales, la Sala se abocó al estudio y votación de la normas pendientes: manifestación de voluntad de las mujeres y autorizaciones de los padres en caso de interrupción del embarazo de menores; programa de acompañamiento; sanciones penales y la objeción de conciencia. Pasadas las 7 de la mañana, concluyó el despacho de las normas relativas a la objeción de conciencia y al procedimiento penal.

Votación de causales

Por 19 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones se aprobaron las disposiciones relativas a la manifestación expresa que deberá hacer la mujer que manifieste su voluntad, en cualquiera de las 3 causales.

Por 20 votos a favor 4 en contra y 6 abstenciones se despacharon las normas que regulan dicha autorización en caso de mujeres adultas declaradas judicialmente como interdictas.

Con 21 votos favorables y 11 en contra, se aprobaron las disposiciones más complejas sobre las autorizaciones en caso de menores entre 14 y 18 años y para menores de 14 años. Aquí la discusión estuvo centrada en especial, en los casos de niñas y los dramáticos casos de abusos y violaciones que, muchas veces, culminan en embarazos.

Ahora cumplirá su tercer trámite en la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que el 31 de enero del año 2015, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, envió al Congreso Nacional el proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de peligro de vida de la mujer, inviabilidad fetal letal y embarazo producto de una violación, cumpliendo de esta forma con un compromiso asumido por el Gobierno, que constituye un paso fundamental en el reconocimiento de la dignidad y los derechos humanos de las mujeres.